Santa Marta al borde de una tragedia ambiental

Pensar en unas vacaciones en Santa Marta es casi idílico. Los anaranjados atardeceres registrados en las fotos que circulan por las redes evidencian playas hermosas y un mar cada vez más intenso en cada encuadre, imágenes que invitan al descanso y al disfrute de aventuras marinas.

Por otro lado, la administración departamental anuncia para esta época que Santa Marta está lista para recibir a más de 130 mil turistas, de los cuales el 35% llegarán por la terminal de transporte. Para celebrar la temporada, se realizó una muestra “folclórica, cultural, artística y deportiva”, bajo el eslogan “1er festival Vive el Magdalena: cultura que inspira, turismo que transforma”, todo ello en la vitrina viva del Terminal de Transporte.

Por su parte, la administración distrital anuncia, con enorme despliegue publicitario, que la ciudad recibirá más de 105 mil turistas durante esta época, “consolidándose como destino líder…”. De igual manera, promueve la campaña “Santa Marta Segura”, con el anuncio de que “dispondrá de efectivos en puestos de mando para garantizar el control del espacio público, la movilidad y los niveles de ruido, encaminados a una Semana Santa en paz y con confianza”.

Sin embargo, detrás de esta narrativa institucional se configura una pregunta de fondo: ¿qué tipo de ciudad se está construyendo y para quién?

Si bien todas estas medidas son necesarias para recibir turistas, lo verdaderamente importante sería que estas políticas —bien intencionadas, pero transitorias— se mantuvieran como parte estructural del orden urbano. De lo contrario, no son más que dispositivos de control temporal al servicio de una economía turística que se activa por temporadas, pero que no transforma las condiciones reales del territorio.

Ahora bien, apartándonos de la coyuntura de la Semana Santa, es preciso concentrarse en los problemas endémicos que afectan la sostenibilidad ambiental. Para no abarcar toda la ciudad ni el Rodadero, con sus propias particularidades, nos referiremos exclusivamente a la zona comprendida entre el aeropuerto Simón Bolívar y el sector de Cabo Tortuga: un territorio hoy tensionado entre el negocio inmobiliario, la presión turística y la ausencia de infraestructura básica.

Es de todos conocido el desarrollo habitacional que avanza como una inmensa cascada de edificios, impulsado por la ilusión de invertir en la ciudad. En la última feria realizada en el Centro Comercial Zazue se ofrecían alrededor de 28 proyectos destinados a apartamentos para renta corta, hoteles y suites. A esto se suma el proyecto “Salinas del Sol”, que pretende levantar cerca de 1.000 apartamentos.

Más que desarrollo, lo que se evidencia es un modelo de ciudad orientado a la rentabilidad del suelo, donde el territorio deja de ser un espacio para la vida y se convierte en un activo financiero. En este escenario, las decisiones urbanas parecen responder más a la lógica del mercado que a las necesidades de quienes habitan la zona.

El estado de cosas en la zona

Históricamente, Santa Marta ha presentado —de manera paradójica, teniendo el mar de frente— problemas con el suministro de agua. Esto se explica tanto por la escasez del recurso como por su deficiente administración, sumada a la ineficiente gestión de las entidades encargadas del sistema de acueducto y alcantarillado.

La gravedad de esta crisis quedó en evidencia durante los torrenciales aguaceros que azotaron la bahía en el mes de febrero, cuando las inundaciones se convirtieron en una tragedia ambiental. Aguas incontenibles, sin salidas adecuadas, se mezclaron con aguas servidas, anegando las vías de esta zona.

La ciudad no cuenta con equipos ni infraestructura suficiente para evacuar estas aguas, ni con un sistema de alcantarillado capaz de tratarlas. El resultado fue nefasto: durante dos días, aguas negras fueron vertidas directamente al mar, en una decisión que revela no solo precariedad técnica, sino una profunda desconexión entre gestión pública y responsabilidad ambiental.

Pero la situación es aún más grave. Los habitantes de Pozos Colorados han solicitado durante años soluciones estructurales —acueducto y alcantarillado— sin obtener respuesta. La negativa sistemática, amparada en presupuestos insuficientes y en la fragmentación de responsabilidades institucionales, configura una forma de abandono administrativo.

Mientras tanto, el deterioro se hace cotidiano: aguas servidas, malos olores, basura acumulada y proliferación de plagas. Aquí el territorio habla con claridad: no hay sostenibilidad posible cuando la vida cotidiana se desarrolla en condiciones de insalubridad.

Sin embargo, y pese a este panorama, las autoridades continúan otorgando licencias de construcción. En apenas una manzana y media se proyectan dos complejos de 26 pisos, con cientos de apartamentos para renta corta.

La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo se justifica este crecimiento urbano en un territorio que no cuenta con las condiciones mínimas para sostenerlo?

Turismo, control y desigualdad territorial

La contradicción se vuelve aún más evidente en el manejo del turismo. Tras la pérdida de las playas de Cabo Tortuga, la presión turística se ha desplazado hacia esta zona, donde hoy se concentran en fines de semana y días feriados, más de treinta buses con un alto número de visitantes, sin ningún control de aforo.

No existen baños públicos ni infraestructura adecuada, lo que convierte al mar en receptor directo de desechos. Así, el mismo recurso natural que sostiene la economía turística es, al mismo tiempo, degradado por la falta de planificación y control.

En este punto, la pregunta por el poder se vuelve central: ¿quién decide sobre el uso del territorio y bajo qué intereses?

Los residentes, por su parte, pagan un impuesto predial elevado que no se traduce en inversión pública. No hay obras suficientes de acueducto ni alcantarillado que respondan a la demanda existente, mientras el mercado inmobiliario continúa expandiéndose sin  control  ni restricciones.

Se configura así una profunda desigualdad territorial: mientras se promueve una imagen de ciudad turística segura y organizada, las condiciones reales de quienes habitan estos espacios evidencian abandono, sobrecarga y deterioro ambiental.

Santa Marta parece debatirse entre dos modelos de ciudad: uno que se exhibe, se vende y se promociona, y otro  menos brillante que se vive cotidianamente.

¿Hasta cuándo se seguirá privilegiando un modelo de desarrollo que mercantiliza el territorio, mientras se posterga el derecho de sus habitantes a vivir en condiciones dignas y ambientalmente sostenibles?

 *Abogada, Magister en Administración pública, . Autora de la obra Mujeres rescatadas del olvido.(Ed EKEPSY,2023) colaboradora de la revista Columna 7, Santa Marta.