¿Por qué no temerle a una Constituyente?

El presidente Petro, como lo ha reiterado a lo largo de su mandato -bajo la figura que tanto le gusta del pueblo constituyente de Antonio Negri- ha propuesto la convocatoria a una Asamblea Constituyente para modificar parcialmente la Constitución vigente.

En forma poco sistemática ha señalado algunos temas posibles de reforma, bajo la idea general de “desbloquear” los cambios sociales que su gobierno ha impulsado y que tanto el Congreso de la República como las altas Cortes de Justicia han terminado abortando.

Para lograr dicho propósito plantea por una parte “la reforma del Congreso”, lo mismo que “modificar el papel de las altas cortes”, pero sin que se señalen en concreto cuáles serían los cambios que se introducirían a estas instituciones.

Presentadas así las cosas, la propuesta de una constituyente exhala el tufillo desagradable de un cobro de cuentas, porque según la sesgada percepción de Petro, los obstáculos a sus reformas han provenido exclusivamente de las instituciones que se buscaría reformar, omitiendo, desde luego, sus propios errores para procurarles viabilidad.

Sin duda, en este contexto de revancha, la propuesta presidencial ha recibido múltiples críticas, no solo de la oposición, si no también del mundo jurídico y académico. Se la tacha de prender restablecer la reelección presidencial; de alterar el equilibrio de poderes; de debilitar a los máximos organismos de la justicia y finalmente de utilizar la convocatoria de una constituyente como bandera en la presente campaña por la presidencia.

Independientemente de la propuesta del gobierno, la pregunta que cabe hacer es si efectivamente se requiere o no modificar algunos aspectos de la Constitución del 91 y en segundo lugar, si el Congreso, como constituyente derivado, estaría en condiciones de emprenderlas.

Un diagnóstico objetivo apunta a señalar que la fórmula jurídica-política del Estado Social de Derecho después de treinta y cinco años, está lejos de haberse realizado. En efecto, subsisten altos niveles de desigualdad social -Colombia se destaca como uno de los países más desiguales del mundo- y territorial -un centro andino relativamente próspero por oposición a una periferia deprimida y atrasada-.

En el orden político, el país ha quedado en mora de una verdadera reforma política como se propuso en los Acuerdos de la Habana, que modificase profundamente la forma de hacer política en el país.

Las grandes modificaciones practicadas a la Rama Judicial por parte de la Constitución del 91 no han producido los efectos que de ella se esperaban. La congestión judicial por ejemplo, sigue siendo la misma o peor a la que existía antes de la Constitución actual, creándose en el ciudadano común la percepción de carecer en absoluto de justicia. Otro aspecto, es el de la intervención de las altas cortes en la designación de algunos importantes funcionarios del Estado (Procurador, Contralor, Registrador). Tal intervención las ha distraído de sus funciones misionales, introduciendo en muchos casos las malas prácticas de la política partidista. Muchos expertos creen conveniente, de otra parte, aumentar las calidades y los períodos de los cargos que corresponden a esos tribunales.

Estos y seguramente muchos otros asuntos, que demandan cambios profundos, a simple vista parece que no serían del interés de la clase política para su reforma por parte del Congreso de la República.

El llamamiento a “blindar la Constitución” para evitar su modificación, no solo es una posición claramente reaccionaria sino ahistórica. Esta nos retrotrae a aquellas épocas del país en que por razón de los antecedentes de constituyentes anteriores y que sirvieron a dictaduras como la del General Rafael Reyes a comienzos del siglo pasado, o la del también General Gustavo Rojas Pinilla a mediados de ese mismo siglo, condujo a las élites del país a mirar con reserva la convocatoria de este tipo de cuerpos soberanos.

La Constituyente del 91 supo deshacer estos temores y prevenciones gracias a la capacidad e inteligencia de los constituyentes para construir consensos a fin de poder darle vida a una obra institucional que hoy todos ponderan y admiran, incluso aquellos que en el pasado quisieron abolirla.

Sin duda, el gran problema para cualquier propuesta de reforma constitucional es el contexto político actual, caracterizado por una alta polarización que viene de mucho tiempo atrás y agravada por las tensiones surgidas durante este gobierno con las otras ramas del poder, el legislativo y el judicial. Todo ello dificulta la construcción de acuerdos en un ambiente de análisis sereno, técnico y fundado académicamente.

A pesar de ello, toda sociedad democrática debe mantenerse abierta a la posibilidad de reflexionar sobre la eficacia de sus instituciones con respecto a los objetivos constitucionales, así como con la necesidad de responder a nuevas realidades políticas, sociales y económicas inexistentes al momento de expedirse la Carta vigente.

En conclusión, tratándose de un mecanismo legítimo, consagrado en la propia constitución para su reforma, no resulta lógica la “satanización” que parece haberse levantado contra la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. El problema real es el de la validez o no de lo que se quiere enmendar y bajo qué circunstancias políticas y sociales estas se podían realizar.

*Ex-Costituyente 1991. Ex-Magistrado Consejo Superior de la Judicatura. Magister en Ciencia Política.