Los retos para la Mesa Departamental de Compras Públicas.

Una mirada hacia el caribe

La ley 2046 del año2020 nace de la necesidad de apoyar la economía campesina y social a través de encadenamientos públicos. Pero ¿que dice esta ley? esta establece que las instituciones de naturaleza publica o mixta deben comprar al menos el 30% de su presupuesto dirigido a alimentos, a las organizaciones denominadas ACFC (Asociaciones campesinas, familiares y comunitarias). A manera de ejemplo, si una institución destina 100 millones mensuales para alimentos, 30 millones deben ser comprados a los campesinos rurales.

El 16 de diciembre de 2024 La Asamblea departamental de Bolívar expidió la ordenanza 385 para la creación de la Mesa Técnica Departamental de Compras Públicas. La conformación de esta instancia se da con el objetico de poder dar cumplimiento a la ley 2046 de 2020 de Compras Públicas. Esta ley busca que los pequeños productores rurales se conviertan en proveedores de las entidades publicas que operen en el territorio nacional.

La instancia de la Mesa Departamental es clave para “aterrizar” en los territorios el cumplimiento de la ley, tanto en Bolívar como en otros departamentos de la región Caribe. Esta ordenanza mencionada, la cual crea la Mesa Departamental, para el caso de Bolívar, cuenta con 12 artículos que dan forma al funcionamiento y a las funciones de los actores. Si bien la creación de este órgano es clave para el cumplimiento de la ley 2046 en el Departamento de Bolívar, considero que existen algunos retos que vale la pena señalar para esta y otras mesas departamentales.

Levantamiento de una línea base: El departamento de Bolívar y otros departamentos no cuenta con una cifra oficial en porcentaje del cumplimiento de la ley 2046. Las cifras que se reportan están en millones de pesos comprados a los agricultores. Se necesita que la Mesa Técnica establezca una metodología común para el levantamiento de la información y su conversión a un porcentaje de cumplimiento departamental. Sobre esa cifra es que se puede establecer si se acerca o no al cumplimiento del 30%.

Coherencia normativa: este punto es transversal al resto; primero se debe generar una coherencia entre la Mesa Técnica Nacional y la Mesa Departamental de Compras Publicas y a mi consideración, la Agencia de Desarrollo Rural, al hacer la Secretaria Técnica de la Mesa Nacional es la institución que debe generar esa coherencia. La ley 2046 , el Decreto 248 de 2021 y la ordenanza departamental de Bolívar 385.

Coordinación institucional: Esta instancia exige que la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) mancomunadamente ya que ambas comparten condiciones de secretarias técnicas; una a nivel nacional y la otra a nivel departamental.

Socialización y capacitación: Como contratista de la ADR uno de los grandes retos que identifiqué en el cumplimiento de la ley a nivel departamental era que los municipios no contaban en muchas ocasiones con el conocimiento sobre como se configuraba un enlace comercial pública. También pude identificar que, en ocasiones, las brigadas militares, el PAE (Programa de Alimentación Escolar), los operadores del PAE y otros actores públicos no encontraban organizaciones y oferta para el cumplimiento de la ley y a las organizaciones les pasaba lo mismo; en el mismo municipio no sabían quienes eran los responsables de este tipo de compras; lo cual dificultaba el encadenamiento comercial.

Representatividad: esta instancia deberá contar con la representación de los campesinos puesto que ellos son los principales protagonistas de la ley 2046. En el párrafo 4 de la ordenanza departamental está señalada la participación de las organizaciones ACFC. La secretaria de Agricultura será la encargada de definir el proceso de elección. Es importante recalcar que la representatividad es lo que les aporta legitimidad a estas iniciativas, por lo tanto, el campesinado debe sentirse identificado con sus representantes y estar al tanto de las acciones conjuntas que se disponen en la mesa.

Es mediante el trabajo coordinado entre las instituciones de diferentes niveles: nacionales, departamentales y municipales que se podrán ir superando las dificultades, además que las instituciones están interconectadas: la UMATA municipal es la que certifica al pequeño productor. La gobernación recoge esa información y genera una lista de pequeños productores y las instituciones revisan es documentación para que se valide una operación en el marco de la ley de compras públicas.

Los actores de la Mesa Departamental tiene una gran oportunidad por aportar mediante esta instancia al desarrollo rural y empoderar al campesino como un proveedor competitivo e importante para las instituciones públicas.

*Plitologo