Las sanciones a Petro. Una ofensa a la dignidad nacional

“Nadie debe comunicarse con él, ni siquiera por escrito, ni concederle ningún favor, ni permanecer con él bajo el mismo techo, ni acercarse a él… ni leer ningún tratado o escrito por él” (Apartes de la maldición de la comunidad judía de Ámsterdam contra Baruc Spinoza, 1656).

Donald Trump, después de lanzar insultos contra el presidente Petro, llamándolo “líder del narcotráfico”, “matón”- el ladrón juzga por su condición dice la sabiduría popular- acusándolo de favorecer el tráfico de drogas que según él desde Colombia ha inundado a los Estados Unidos, finalmente tomó la medida más grave y lesiva contra él- ya lo había despojado de la visa norteamericana- y su familia,  lo mismo que contra el ministro del interior, Armando Benedetti, incluyéndolos en la llamada “Lista Clinton”.

Esta  sanción, como las antiguas maldiciones contra los réprobos que determinaba el poder de turno, representa sin duda la muerte civil de los afectados, más exactamente  “un apagón de la vida moderna”, qué significa por ejemplo, para el caso de Petro, no poder cobrar su sueldo en cualquier Banco Nacional, a los que no se les permite transacción alguna con personas incluidas en la nefasta lista, pues de hacerlos sus cuentas en los bancos norteamericanos corresponsales ( J.P. Morgan, Citibank, Mellow,etc.) serían cerradas, quedando por fuera del sistema financiero controlado por los Estados Unidos; por el mismo motivo, a través de los bancos del país, no podrá obtener, ni pagar créditos- con lo cual sus obligaciones entrarán en mora- y finalmente, sus tarjetas de crédito (ligadas a agencias norteamericanas como “Visa”, “Mastercard”,etc) serán canceladas.

Ahora bien, los motivos de sanción a nuestro entender, nada tienen que ver con la lucha contra las drogas y que desde que se publicitó como política Internacional de la potencia del norte, se convirtió en pretexto para intervenir en los asuntos internos de los países latinoamericanos. A Trump, lo mismo que a los gobiernos de sus antecesores, poco les ha importado el crecimiento de la demanda de drogas ilícitas de parte de la población norteamericana. Si de veras le importara, combatirían a las redes internas de distribución y ejercerían control sobre el lavado de dineros provenientes del negocio de las drogas que ingresan sin problema al circuito financiero norteamericano.

La verdadera razón de las sanciones a Petro y su familia, tienen que ver con la megalomanía herida de Trump, que si no resiste el ser objeto de la burla de un humorista de televisión, menos puede soportar la de un jefe de Estado, así sea de un país despreciable como los supremacistas blancos anglosajones consideran a nuestros países, que lo haya tratado de asesino a raíz del hundimiento de embarcaciones en el Caribe, supuestamente cargadas de drogas sin pruebas y verificación alguna, ocasionando la muerte de 57 personas- de las cuales se sabe que algunos eran pescadores-. 

Se puede discutir la eficacia del cambio de estrategias del gobierno Petro en su lucha contra el narcotráfico, de erradicación forzada a la interceptación y captura de cargamentos de droga que salen hacia el exterior. Pero no se puede sindicar al presidente de favorecer el negocio ilícito.

En vez de la erradicación forzada de los cultivos, que casi siempre concluían con la muerte de indígenas y campesinos cultivadores a manos de la fuerza pública, como ocurrió en el gobierno de Iván Duque, en el Catatumbo, Tumaco y Puerto Asís (Putumayo), en operaciones de policía que dejaron entre uno y dos muertos en cada caso, el gobierno de Petro decidió atacar el negocio de la droga por la vía de la interceptación, captura y destrucción de los cargamentos de droga. De acuerdo a los datos del gobierno, éste ha incautado un 68% más que el gobierno anterior, aunque debe reconocerse que los cultivos de coca han aumentado en un 23%.

Pero, como se ha dicho no son muchas las alternativas con las que cuenta el gobierno democrático para enfrentar el problema del narcotráfico. Por una parte, la aspersión con glifosato fue prohibida por la Corte Constitucional en el 2015.  La erradicación voluntaria es lenta  y costosa y como se ha dicho, la erradicación forzosa termina casi siempre con campesinos e indígenas muertos, cuando no toca también a los miembros de la fuerza pública, como ocurrió este año en Amalfi , Antioquia, cuando el gobierno, ante la reiteradas violaciones del cese al fuego acordadas con las disidencias de las FARC al mando de quien se hace llamar “Calarcá”, ordenó retornar a la erradicación forzada ,que culminó con un helicóptero de la policía derribado y 13 miembros de la institución asesinados.

Tal vez los promotores a ultranza de la seguridad, estarían de acuerdo con una erradicación de cultivos ilícitos a “sangre y fuego”. Pero, la defensa de la vida como una obligación indeclinable de un Estado democrático en que en qué quedaría?.  Como a Trump los muertos que ya ha causado en el Caribe poco le importan, sus admiradores internos de este fascista en ciernes, tampoco se preocuparían- como antes ocurrió- de unas cuantas víctimas de gente humilde que en medio de su pobreza, infortunadamente logran su subsistencia y la de los suyos por medio de los cultivos ilícitos.  Esta es una de las realidades dramáticas de los desequilibrios sociales de nuestro país.

Volviendo al caso de Petro, como ha escrito el doctor José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, “no entendemos la actitud de algunos compatriotas, que dentro de la polarización existente, han acudido a Estados Unidos para provocar, incentivar o apoyar medidas de ese país contra Colombia, y que hoy están celebrando con alborozo la aludida inclusión del presidente y su familia en la “lista Clinton”.

Independientemente de la opinión que nos merezca este gobierno y la persona del presidente, él encarna, como lo dice la Constitución, “La unidad nacional”.  Por esa poderosa razón, los insultos y la sindicación de favorecer al narcotráfico, sin pruebas y sin una condena en su contra, originadas en los más viles e innobles motivos de un ego herido, tienen que ser considerados como una ofensa sin atenuantes a la dignidad nacional.

Infortunadamente, el fanatismo irracional de algunos los conduce a autojustificarse como apátridas.

Ex-Costituyente 1991. Ex-Magistrado Consejo Superior de la Judicatura. Magister en Ciencia Política.