“La Justicia no se arrodilla ante el Poder”

Estas palabras pronunciadas por la juez 44 Penal del Circuito, Sandra Liliana Heredia, al inicio de la lectura del sentido del fallo condenatorio que debe proferir en el proceso adelantado contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno a testigos, soborno en actuación procesal y fraude procesal, resultan de un alcance y trascendencia más allá del caso particular en el que fueron pronunciadas.

Porque a nivel interno, este proceso se ha adelantado contra un personaje poderoso - el más influyente político colombiano en los últimos 25 años-. Pero además, porque prácticamente todos aquellos que representan los “poderes fácticos” y reales de la nación se han pronunciado por la absolución del procesado, incluso dando a conocer en comunicados públicos esa opinión, lo que sin duda constituyó un acto de indebida presión sobre la funcionaria judicial.

De otra parte, las cosas no se quedaron en simples comunicados. Un grupo de personas adictas al expresidente Uribe, acudieron en días previos al conocimiento del fallo, al   Departamento de Estado de gobierno de los Estados Unidos e igualmente procedieron a concertar entrevistas con algunos congresistas de ese país, con el propósito de denunciar una supuesta conspiración de la justicia colombiana en contra del expresidente.

Muy seguramente estas personas pretendían influir en el gobierno norteamericano para que  exigiera la terminación del proceso contra Uribe o de lo contrario se impondrían aumentos tarifarios a las exportaciones del país, tal como lo había hecho ese gobierno en el caso de Brasil, decretando un aumento de aranceles del 50% a sus exportaciones si no se ponía en libertad en “forma inmediata” al expresidente Jair Bolsonaro procesado por la Corte Suprema por  intento de golpe de estado el 8 de enero del 2023 para impedir la posesión de Luis Inacio Lula como presidente, incluido un plan criminal para asesinarlo.

En todo caso estos contactos no han resultado del todo infructuosos, pues aunque no se ha hablado por ahora de alza de aranceles, el señor Marco Rubio, Secretario de Estado - el mismo que recientemente se ha pronunciado sobre la amenaza de hambruna en la zona ocupada de Gaza, diciendo que “su población no merece nada. Son animales”-, ha calificado la reciente decisión en el proceso contra el expresidente, como “una instrumentalización del Poder Judicial colombiano, por parte de jueces radicales…”. Vale aclarar que para Trump y su equipo de neofascistas, “radical”, equivale a “comunista”. Así han sido calificados a numerosos jueces norteamericanos que se han atrevido a suspender medidas inconstitucionales dictadas por la administración Trump.

Con todo, no es seguro que no se impongan aranceles sancionatorios a las exportaciones colombianas, ya que un grupo de congresistas norteamericanos de origen latino- dos de nuestro país-, que han mantenido vergonzoso silencio cuando emigrantes originarios de los países de los cuales procedían sus padres y abuelos eran objeto de arrestos arbitrarios y humillaciones de todo tipo, han manifestado a varios medios que solicitarán al  presidente Trump la imposición de sanciones a Colombia  a fin de rechazar la supuesta persecución judicial adelantada contra el exmandatario colombiano.

En este contexto, las advertencias hechas en la intervención introductoria a la lectura del sentido del fallo, efectuada por la juez Heredia, ha resultado premonitorio y pertinente desde el punto de vista democrático, tanto en lo interno como internacionalmente. En lo interno, porque no solo se ha querido cuestionar jurídicamente el próximo fallo, sino que incluso en forma irresponsable se ha llegado afirmar que este no ha sido redactado por la funcionaria judicial sino por enemigos de Uribe. A nivel internacional, porque una candidata presidencial se ha dirigido al presidente Trump solicitándole su intervención en este caso sin especificar con todo, que tipo de intervención es la que solicita.

Resulta irónico, por decir lo menos, que quienes hoy cuestionan y critican una decisión razonada y en derecho- a juicio de muchos juristas respetables- de una juez de la república, son las mismas personas que reiteradamente han elevado su voz de rechazo cuando el presidente Petro ha atacado verbalmente a las Cortes cada vez que estas han proferido decisiones en contra de alguna medida de su gobierno.

Por último, es necesario recordar que dentro del pacto social de convivencia hemos acordado que determinados hombres y mujeres administren justicia entre nosotros e igualmente, convinimos en que acataríamos y defenderíamos sus decisiones cualquiera que ellas sean, independientemente de nuestras conveniencias, creencias o convicciones. Esta es una de las reglas básicas del juego democrático. En segundo lugar, por la misma razón y además porque entendemos que la justicia es expresión eminente de la soberanía de nuestro Estado de Derecho, debemos rechazar como inaceptable cualquier solicitud de presión externa que sobre ella pretende ejercerse.

El Editor.