En una democracia es natural que puedan convivir diferentes y hasta contrarias posiciones ideológicas y políticas; que se pueda disentir de los programas y las medidas gubernamentales; que los partidos de oposición tengan derechos, que les sean respetados y que sus representantes en los órganos legislativos puedan negar los proyectos de origen oficial y plantear opciones distintas; que operen los frenos y contrapesos de los que hablaba Montesquieu. Pero, desde luego, las ramas del poder público deben seguir actuando, cada una dentro de su ámbito de competencia, y los grandes debates acerca de los cometidos institucionales, el contenido y la orientación de la legislación deben darse con plena transparencia y con arreglo a las normas constitucionales y reglamentarias.
En Colombia, todo eso debe ser tenido en cuenta -en el marco del sistema jurídico vigente-, ante una perniciosa polarización política, que ha llevado -inclusive- a perder de vista los altos objetivos del Estado Social de Derecho. Se ha olvidado que el papel del Estado y la actividad de las ramas y órganos del poder público no consisten en el beneficio de los intereses partidistas sino en la procura del mayor bien de la colectividad, en el interés público, en las respuestas adecuadas ante los crecientes desafíos sociales y económicos y, como lo señala el preámbulo de la Constitución -cuyo poder vinculante ha sido resaltado por la jurisprudencia constitucional-, en “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”.
Me parece que el actual gobierno, con muy buena intención, ha presentado al Congreso importantes proyectos de reforma legal -que se pueden compartir o no, pero que se deben discutir- en materias tales como la salud, el trabajo o las pensiones, pero se ha equivocado al considerar que, si tales iniciativas no son aprobadas, no hay salvación y no se puede gobernar. Claro está, debe defender sus propuestas y procurar que se cristalicen, pero no todo está allí. Hay muchas normas constitucionales por desarrollar, y ello es posible dentro del frondoso árbol legislativo existente. El Ejecutivo le ha gastado demasiado tiempo y energías a la búsqueda de acuerdos con los partidos políticos con miras a la aprobación de sus proyectos, pero también deshizo la coalición inicial, y se enfrenta a una oposición radical y extrema que no le quiere dejar hacer nada por la vía legislativa, pero que no le puede impedir que desarrolle una fecunda actividad en uso de las atribuciones propias, de las que goza todo gobierno, según la Constitución y las leyes vigentes.
Por su parte, los integrantes de los partidos -en el Congreso- han venido obrando de manera desleal, no solo con el Gobierno, sino con el país, con los electores a quienes representan y con los objetivos inherentes a su función institucional.
El Congreso de la República tiene a cargo la cláusula general de competencia. Como dice la Constitución, le corresponde hacer las leyes, expedirlas, reformarlas e interpretarlas. Pero no lo está haciendo, empeñados como están varios partidos en obstaculizar y en bloquear toda propuesta proveniente del Gobierno, sin importar si conviene o no a las necesidades y al interés de los colombianos.
Hemos visto y escuchado a congresistas que se enorgullecen ante los medios y las redes sociales por haber podido torpedear los proyectos de ley mediante la permanente ruptura del quórum, la formulación de cientos de proposiciones -para impedir que los debates puedan avanzar o culminar-, las propuestas de levantar las sesiones a título de protesta por algún discurso presidencial…En fin, se felicitan por haber logrado que el Congreso, mediante estrategias dilatorias y vías de hecho, no pueda cumplir su función constitucional. Pero, eso sí, han seguido recibiendo alta remuneración… sin trabajar.
Nadie exige que el Congreso apruebe todas las iniciativas presentadas. Senadores y representantes las pueden negar, modificar o adicionar, pero discutiendo con lealtad y transparencia, en los debates y dentro de las reglas que establecen la Constitución y la Ley 5 de 1992.
------------------------
Ex magistrado / Ex presidente de la Corte Constitucional y profesor universitario
Comments