El fin de la paz total y el peligro de regresar al pasado

Los hechos de violencia y de terrorismo ocurridos el jueves 21 del mes inmediatamente anterior uno el derribamiento de un helicóptero de la policía con un saldo de 13 uniformados de la institución asesinados y varios más heridos y, ese mismo día, en las horas de la tarde, la detonación de un camión con explosivos estacionado en inmediaciones de la base aérea, “Marco Fidel Suárez” en la ciudad de Cali y cuyo saldo trágico fueron 7 civiles y más de 70 heridos, marca sin lugar a dudas el final de la ambiciosa y hasta cierto punto irreal, política del presidente Petro de la paz total.

Los hechos relacionados con  primer atentado, han sido atribuidos al grupo armado ilegal denominado Estado Mayor Central (EMC), que se presenta como disidentes de la de la antigua guerrilla de las FARC-EP y cuyo máximo jefe se hace llamar con el alias de “Mordisco". Con esta organización criminal el gobierno había roto conversaciones de paz en julio de 2024 a raíz de los continuos incumplimientos del cese al fuegopactado. En otras palabras, este grupo armado había  reiniciado la guerra contra el Estado y la sociedad con sus casi 3.000 hombres en armas.

El acto terrorista de Cali, según todos los informes de inteligencia, fue realizado por una disidencia al mando de un antiguo compañero de “Mordisco” quien actúa bajo el alias de “Calarcá-Córdoba”. Con este grupo criminal, que agrupa igualmente aproximadamente 3.000 hombres, el gobierno había sostenido conversaciones sujetas a muchos contratiempos por virtud de los continuos incumplimientos de los acuerdos. Por esta razón, en la actualidad las negociaciones se encontraban suspendidas.  Después de los hechos de Cali, no le queda al gobierno alternativa distinta que decretar la ruptura total de los diálogos con esta organización armada.

Con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), eterno negociador de paz con todos los gobiernos, en el caso del de Petro, este debió poner fin a los diálogos con esa guerrilla a comienzos de este año, como consecuencia de su violenta arremetida en el Catatumbo para desalojar a las disidencias de las FARC, que dejó en medio del fuego cruzado a la población civil obligando al desplazamiento de más de 60.000 habitantes de la región a la ciudad de Cúcuta.

De las conversaciones con el grupo fugado del proceso de la Habana que se hace llamar nueva “Marquetalia”, al mando del antiguo miembro del secretariado de las FARC EP Iván Márquez, nada se ha hecho saber a la opinión pública.

¿Qué ha quedado en definitiva de la “paz total”, la promesa más importante de la campaña presidencial de Petro?. Unas negociaciones con un pequeño grupo armado, disidencia -otra- del ELN y que actúa en el sur de Nariño bajo el nombre de “Comuneros del Sur”.

De todas maneras, no resulta sano para la democracia “hacer leña del árbol caído”, como lo viene haciendo una oposición cada vez más visceral en contra del gobierno, como sí con ese fracaso de la “Paz total” el país hubiera resultado ganancioso. Queda, más bien, la necesidad de sacar las experiencias que dejan estos procesos abortados. 

Primera: El gobierno actuó con ingenuidad y premura al no realizar procesos exploratorios, previos al inicio de cualquier diálogo para verificar hasta dónde eran serias las proclamaciones de estos grupos de querer efectivamente la paz y no de que se tratara de tretas o estratagemas para fortalecerse.

Segunda: El gobierno se equivocó con las llamadas disidencias de las FARC, al concederles “estatus” político atendiendo al carácter político de estas.

No atendió el gobierno al hecho de que estos grupos nunca han efectuado ninguna declaración que permita ubicarlos como organizaciones políticas armadas. Como ha quedado demostrado hasta la saciedad, no son más que unos nuevos carteles del narcotráfico.

Tercera: El afán y el voluntarismo de Petro, contrarios a la paciencia y al uso del tiempo que no conviene acelerar en procesos complejos de negociación, condujo a la improvisación, iniciando los diálogos sin protocolos claros, sin etapas a las que había que llegar y sin mecanismos eficaces de verificación de los acuerdos que se fueran logrando.

Por otra parte, Eduardo Pizarro León Gómez, experto en estos temas, insistió desde el principio en el error del gobierno de querer negociar con muchos grupos a la vez, disímiles y heterogéneos, sin atender precisamente a sus diferencias.

Los atentados del jueves 21 de agosto y el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay- hace 30 años no ocurría el asesinato de un político de nombre conocido - ha conducido a muchos colombianos a pensar que hemos retrocedido a épocas de violencia y amenazas a la tranquilidad ciudadana de años atrás.

De igual manera, muchos candidatos presidenciales volverán a ofrecer a la ciudadanía como promesa de campaña las mismas fórmulas de solución a los problemas de orden público de aquella época, a saber, enfrentar a los grupos criminales con el poder de nuestras fuerzas armadas repotenciadas en su capacidad operativa.

Pero, la solución puramente militar resultaría insuficiente como lo enseñó la experiencia, si no se logra reducir al mínimo la actividad del narcotráfico que sigue actuando como combustible de la guerra.

Este objetivo de reducir el poder del narcotráfico no será posible, a su vez, si no se alcanza una inversión pública y privada que conduzca al gran número de nuestros campesinos que cultivan la hoja coca como medio único de subsistencia, a  abandonar este cultivo ilícito por uno rentable, con asistencia técnica y con facilidades para hacerlo llegar a los centros de consumo, acompañado todo ello con la implantación del Estado Social de Derecho en esas zonas alejadas: centros de salud, escuelas, caminos y carreteras, agua potable,  transporte, seguro de cosechas, etc. Igualmente, garantizar a los jóvenes de esas mismas regiones un futuro digno y esperanzador que los aleje de la tentación de ingresar a los cuerpos armados de los carteles de la droga, como única alternativa de ingresos y valoración personal.

“Volver la vista atrás”, sin una visión integral con respecto a los factores generadores de la de violencia, no será, por tanto, una buena propuesta por los riesgos que puede comportar y que el país ya experimentó, sino además por su incapacidad demostrada de ofrecer una solución posible, eficaz y a largo plazo. 

Ex-Costituyente 1991. Ex-Magistrado Consejo Superior de la Judicatura. Magister en Ciencia Política.