AGENDA 2030 – OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

A finales del siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, se originó una forma de clasificar las posiciones políticas que todavía hoy condiciona la manera como discutimos los asuntos públicos. En la Asamblea Nacional francesa, reunida a partir de 1789, se enfrentaban dos visiones sobre el futuro del país. De un lado estaban quienes defendían transformaciones profundas en la organización del Estado, la limitación del poder del rey, la igualdad jurídica y la reducción de los privilegios de la nobleza y del clero. Del otro lado se encontraban quienes consideraban que los cambios debían ser moderados o, incluso, que era necesario conservar el orden tradicional para evitar el caos.

Durante los debates sobre el veto real, la autoridad del monarca y el papel de la Iglesia, los diputados que apoyaban reformas más radicales se ubicaban a la izquierda del presidente de la Asamblea, mientras que los defensores del orden establecido se sentaban a la derecha. De esa disposición física nacieron los términos “IZQUIERDA” y “DERECHA”, que con el tiempo se convirtieron en etiquetas ideológicas simplificadoras, pero extraordinariamente persistentes.

Con el paso de los siglos, esas palabras fueron cargándose de significados cada vez más rígidos. Después de la Revolución Rusa de 1917 y del triunfo del comunismo en China en 1949, la “izquierda” quedó asociada en el imaginario político mundial con el socialismo y el comunismo, mientras que la “derecha” se identificó con la defensa del orden económico existente, la propiedad privada y las estructuras tradicionales de poder. La Guerra Fría llevó esa división al extremo, convirtiéndola en una confrontación casi dogmática, en la que cada posición veía a la otra como una amenaza absoluta. Toda acción o movimiento político que abogara por una mayor igualdad social, por el mejoramiento del bienestar de las clases menos favorecidas, por la centralización de las decisiones y por la separación del poder eclesiástico del estatal, era alineado como comunista.

Aunque el mundo cambió después de la caída del bloque soviético, esa manera de pensar no desapareció. En muchos países, y de manera muy marcada en Colombia, se mantiene la costumbre de clasificar cualquier idea como “de izquierda” o “de derecha” antes de analizar su contenido. Hoy en día, es costumbre popular “rotular” a las personas, a los escritos, a los movimientos políticos y en general a todo, como de izquierda o de “derecha” en una actitud maniquea que condena cualquier idea que no coincida con la propia y que no admite posiciones medias ni conciliadoras. A esta actitud la he llamado ARROGANCIA CULTURAL: la convicción de que la propia posición ideológica es la única válida y de que todo lo que no coincide con ella debe ser rechazado sin discusión. La arrogancia cultural impide el debate racional, convierte la política en un ejercicio de descalificación y bloquea cualquier intento de construir acuerdos sobre problemas que afectan a toda la sociedad.

Mientras esa discusión estéril se repite una y otra vez, el mundo ha intentado avanzar hacia consensos mínimos sobre los grandes desafíos de la humanidad.

Desde finales del siglo XX, la Organización de las Naciones Unidas, por encima de pensamientos sectarios, ha promovido acuerdos internacionales orientados a enfrentar problemas que ningún país puede resolver por sí solo: la pobreza extrema, el hambre, la desigualdad, el deterioro ambiental, la falta de acceso al agua potable, la debilidad institucional y las crisis económicas recurrentes.

En el año 2000 se adoptaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con metas para el período 2000-2015. Hubo avances importantes, pero también quedó claro que muchos de los problemas estructurales persistían. Por esa razón, después de un proceso de discusión internacional iniciado en la Conferencia de Río+20 en 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en septiembre de 2015 la resolución A/RES/70/1, conocida como Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que establece 17 objetivos (ODS), puntualizados en 169 metas, que se deben cumplir por todos los países en el 2030.

Estos objetivos incluyen el fin de la pobreza, la eliminación del hambre, el acceso universal a la salud y la educación, la igualdad de género, el agua potable, la energía asequible, el trabajo digno, la reducción de las desigualdades, la protección del medio ambiente, el fortalecimiento institucional y la cooperación internacional. No son un programa de izquierda ni de derecha. Fueron aprobados por gobiernos de todas las orientaciones políticas y representan, en esencia, un acuerdo sobre lo que debería ser el mínimo aceptable para una sociedad moderna.

Sin embargo, en Colombia la discusión sobre estos temas rara vez se hace en términos técnicos o de política pública. Con demasiada frecuencia se convierte en una confrontación ideológica en la que cualquier propuesta orientada a reducir desigualdades o a fortalecer la acción del Estado es calificada de inmediato como “de izquierda”, y por esa sola razón se rechaza. Un buen ejemplo de la ARROGANCIA CULTURAL: primero se pone la etiqueta, después se evita el debate.

Los informes oficiales muestran que el país avanza, pero lentamente y de manera desigual. De acuerdo con el “Informe de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible publicado por el Departamento Nacional de Planeación”, el progreso promedio de Colombia se mantiene en un nivel intermedio, con buenos resultados en algunos objetivos y rezagos importantes en otros, especialmente en pobreza, desigualdad, seguridad alimentaria y desarrollo regional. También se observa una brecha persistente entre departamentos con mayor infraestructura y capacidad fiscal y aquellos que históricamente han estado rezagados.

Según datos del Banco Mundial, Colombia ocupa el deshonroso 3er puesto del mundo en la lista del índice de Gini, que mide la desigualdad económica de los países, solo superada por Sudáfrica y Namibia. Es el índice más alto de toda Suramérica.

Estos datos no provienen de discursos ideológicos ni de opiniones políticas. Son cifras oficiales del propio Estado colombiano. Y, sin embargo, cuando se plantean medidas para corregir esos rezagos, reaparece la reacción automática: se acusa al que propone cambios de estar promoviendo ideas “de izquierda”, como si el simple hecho de buscar menos pobreza o menos desigualdad fuera una amenaza.

Las preguntas, entonces, son inevitables: ¿por qué objetivos tan elementales como mejorar la educación, garantizar agua potable, reducir el hambre o disminuir la desigualdad generan tanta resistencia?, ¿Por qué metas que en cualquier país desarrollado se consideran normales aquí se convierten en motivo de confrontación política?

La respuesta probablemente es incómoda. Avanzar hacia esos objetivos implica modificar intereses, redistribuir recursos, exigir mayor eficiencia del Estado y reducir privilegios. Y toda sociedad en la que existen privilegios arraigados tiende a defenderlos, incluso a costa del bienestar general.

La Agenda 2030 no es una conspiración ideológica ni un proyecto revolucionario. Es, simplemente, un intento de establecer condiciones mínimas de dignidad para la población mundial. Convertirla en un campo de batalla entre izquierda y derecha solo demuestra que seguimos atrapados en discusiones polarizantes del pasado, mientras los problemas reales continúan sin resolverse.

Si de verdad queremos un país con menos pobreza, menos desigualdad y más oportunidades, el debate no debería ser si los Objetivos de Desarrollo Sostenible son de izquierda o de derecha. El verdadero debate debería ser por qué, sabiendo exactamente lo que hay que hacer, seguimos sin hacerlo.

 *Economista, especialista en Economía Internacional.