Desafíos de protección a los defensores de derechos humanos

Crecí entendiendo la importancia de defender los derechos humanos, pues desde muy niña tuve como ejemplo las luchas de mi madre, quien dedicó muchos años de su vida a defender a las comunidades, a las víctimas y sus derechos, y por eso, este es un tema que atraviesa mi historia de vida y mis emociones.

Hoy Colombia lamentablemente sigue siendo un lugar altamente peligroso para defender los derechos humanos en los territorios. En efecto, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos alertó en marzo de 2026 que "Es desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos". Entre 2016 y 2025, esa oficina documentó 972 asesinatos, lo que arroja un promedio de casi 100 muertes por año. 

El informe reconoce que el actual gobierno ha implementado varias medidas importantes para abordar la violencia contra las personas defensoras. Sin embargo, el documento es contundente al señalar que "las instituciones estatales en general no han podido revertir las tendencias y patrones de violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos”.

La ONU también menciona que, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, se produjo un aumento gradual en el número de asesinatos y que "El país se encuentra en un punto de inflexión en el cual, a menos que se tomen medidas efectivas para convertir esta situación en una prioridad estatal … la violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos continuará".

Sobre el impacto desproporcionado en pueblos indígenas, el informe detalla que, entre enero de 2022 y diciembre de 2025, fueron asesinadas 410 personas activistas. El 23% de las víctimas eran indígenas, un porcentaje extraordinariamente alto si se tiene en cuenta que la población indígena representa solo el 4,7% de la población total del país.

Los principales responsables del asesinato de defensores de derechos humanos en la última década son actores armados no estatales que buscan el control territorial y social. En Colombia, el país con el mayor número de casos a nivel global, estos crímenes son perpetrados por disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y bandas criminales locales.

Durante el mismo período, se registraron más de dos mil casos de amenazas y ataques contra defensores de los derechos humanos, que, aunque no llegaron a costarles la vida, si muestran la gravedad de la situación y la vulnerabilidad de quienes en Colombia se atreven a asumir esta importante tarea.   

Preocupan los recortes presupuestales sufridos por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia en 2025, ya que ha disminuido su capacidad para proteger a las personas defensoras y llevar a cabo medidas preventivas, afectando así su capacidad para monitorear los asesinatos y responder a las solicitudes urgentes de las comunidades en riesgo.

Los sectores más vulnerables, además de los líderes y lideresas indígenas, son los liderazgos comunales, los campesinos defensores de la sustitución de cultivos y los activistas ambientales y de tierras, quienes asumieron el mayor porcentaje de los ataques.

Recientemente, se conocieron casos de amenazas, lesiones y torturas contra campesinos del municipio de Puerto López sujetos de adjudicación de tierras en el marco de la reforma agraria fruto del Acuerdo de paz de 2016, con miras a intimidarlos para que abandonen las tierras recuperadas de manos de  paramilitares y grupos armados.

A finales de junio de 2026, la Agencia Nacional de Tierras interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por una serie de ataques violentos, torturas y desplazamientos forzados contra campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria fruto del Acuerdo de Paz de 2016, en la que se destaca un grave caso ocurrido en el municipio de Puerto López (Meta) en el que hombres armados atacaron a campesinos que habitaban predios entregados o en proceso de adjudicación por la ANT. Siete personas armadas abordaron a los miembros de una familia campesina, entre los que se encontraban una menor de 14 años y una adulta mayor de 72 años, a quienes amarraron, torturaron y lesionaron físicamente, incluyendo heridas de machete y quemaduras.

El director de la Agencia Nacional de Tierras señaló que no se trata de hechos aislados, sino de un patrón sistemático de intimidación, desalojos violentos y despojo contra la reforma agraria en varias regiones como Meta, Córdoba y Magdalena Medio.

Además, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, organizaciones como Indepaz y misiones de la ONU han reportado que la trágica lista histórica supera de 450 firmantes de paz asesinados. La violencia responde a estrategias de control territorial y castigos por no alinearse con las nuevas dinámicas criminales. Igualmente, los principales responsables del asesinato de excombatientes reincorporados firmantes de paz en Colombia son las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional.

En este contexto, el cambio de gobierno que tendremos el próximo 7 de agosto, es sin duda un factor altamente preocupante, dado que el presidente de ultra derecha electo, manifestó que va a “destripar” a sus opositores políticos, lo cual implica graves riesgos para todos los que pensemos diferente, que en las urnas del pasado 21 de junio fuimos casi 13 millones de personas, con alta representación en territorios históricamente azotados por la violencia, que serán sin duda los más vulnerables.

Resulta aterradora la amenaza de un proyecto regresivo y radical que pretende reducir las garantías públicas, debilitar la separación de poderes y la independencia judicial, poner en riesgo los derechos fundamentales de las mujeres y de las diversidades, y que además propone un modelo extractivista que vulnera los derechos territoriales de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, poniendo en grave peligro la sostenibilidad de la vida y del planeta.

Preocupa inmensamente que, ahora desde el Estado Colombiano, o con su anuencia y silencio, comiencen campañas de exterminio de los opositores políticos del nuevo gobierno, y en consecuencia, regresen las torturas, las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados, los exilios y la persecución de la izquierda, pero es más alarmante aún, la probable persecución de todas las personas que en Colombia alcemos la voz de manera pacífica para defender los derechos humanos y condenar los retrocesos en derechos que el presidente electo ha anunciado.

Grandes desafíos se avecinan para la protección de quienes defendemos los derechos humanos, si el Estado que tiene el deber de protegernos, con el nuevo gobierno, utiliza su poder para perseguirnos y amenazarnos.

Abogada y Terapeuta Social egresada de la Universidad Externado de Colombia y de la Corporación Educativa Cedavida. Es una apasionada defensora de los Derechos Humanos, la pedagogía para la paz y la transformación de conflictos.

Como investigadora y coautora de diversas publicaciones sobre equidad de género y cultura de paz, ha dedicado su carrera a transformar realidades en Colombia. Actualmente se desempeña como Directora General de la Fundación Social Colombiana Cedavida, organización que durante 38 años ha transformado la vida de más de 400,000 personas mediante un modelo pedagógico, innovador y vivencial, brindando apoyo psicosocial a poblaciones vulnerables y víctimas de la violencia.