Colombia ante el estatuto de Roma

Sin una motivación convincente -en realidad, sin ninguna razón válida y con fines  puramente políticos-, el nuevo presidente de la República Abelardo de la Espriella ha anunciado su intención de retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional. Esa determinación, aunque el presidente -como jefe del Estado- dirige nuestras relaciones internacionales, no la puede adoptar por su única y exclusiva voluntad, ni mediante decreto o resolución de Cancillería. Además de los requisitos señalados en las normas internacionales, requiere consenso en el interior de la organización estatal, habida cuenta de su trascendencia jurídica y de la solidaridad que merecen las víctimas, dentro y fuera de nuestro territorio. Colombia estaría denunciando el Estatuto de Roma, que auspició, impulsó y suscribió en 1998. Un insostenible retroceso.

Para lo concerniente a la celebración del aludido Tratado y la asunción de los correspondientes compromisos internacionales, el gobierno se sometió al control político del Congreso -que expidió la Ley aprobatoria- y al control jurídico de la Corte Constitucional, que lo declaró ajustado a la Carta Política.  

Quien escribe estas líneas estima que, si se llegara a concretar la propuesta gubernamental, no solamente daríamos la espalda a nuestro compromiso con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, sino que abandonaríamos una clara posición -sentada por varios gobiernos anteriores, contra la impunidad por gravísimos crímenes de guerra y de lesa humanidad- y desconoceríamos abiertamente el sentido humanitario y de justicia, que son pilares esenciales de la Constitución de 1991.

La Corte Penal Internacional está prevista de manera expresa en la Constitución. El Acto Legislativo 2 de 2001 señaló: “El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución”.

El Estatuto de Roma, inspirado en la necesidad de la cooperación de los países para   hacer cumplir las reglas internacionales sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad, fue aprobado mediante la Ley 742 del 5 de junio de 2002, y el gobierno colombiano lo ratificó, de conformidad con un criterio jurídico que siempre ha compartido. De suerte que, siguiendo su orientación democrática y en sujeción a los valores acogidos en la Constitución de 1991, el Estado colombiano se obligó ante el Derecho Internacional. No puede actuar ahora en sentido inverso e incurrir -ante el mundo entero- en una  incomprensible  incoherencia.

Un principio básico de nuestra democracia, como lo proclaman tanto el preámbulo como el artículo 1 de la Constitución, reside en el respeto a la dignidad de la persona humana, en la defensa y protección de los derechos fundamentales y en la realización de un orden justo. El artículo 93 de la Constitución es perentorio al declarar que los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, “prevalecen en el orden interno”. Aunque no todas las normas del Estatuto de Roma hacen parte del Bloque de Constitucionalidad, pues algunas de ellas -como la prisión perpetua- no son admitidas por nuestra Constitución, en su mayoría están integradas a él y tienen el aludido carácter prevalente.

A la luz de la Constitución, el Estado y sus autoridades están obligados a preservar los derechos humanos, que se deben entender y proteger de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Colombia.

Colombia es una democracia. El presidente de la República no es un monarca, ni puede ser un dictador. Está sometido a la Constitución, a las leyes y a la voluntad del pueblo, titular de la soberanía. En el asunto mencionado, si un gobierno apoya los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por otro Estado; si es insolidario con las víctimas de masacres y genocidios y si pretende su impunidad, no representa al Estado ni al pueblo colombiano.

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(*) Exmagistrado de la Corte Constitucional y catedrático universitario