Santa Marta necesita una estrategia más allá de la militar para enfrentar la delincuencia

EDITORIAL

Santa Marta, vivió entre el 21 al 23 de este mes de septiembre, tres días de inseguridad y miedo como consecuencia del cese de actividades ordenado por el grupo armado “Conquistadores de la Sierra” a raíz de la muerte por parte de la fuerza pública de uno de sus cabecillas.

Como en eventos parecidos ocurridos en años anteriores, el paro se cumpliría bajo la amenaza a los bienes y a la integridad personal para quienes se negasen a acatar la orden ilegítima de los delincuentes.

El anuncio de paro fue interpretado por el presidente De La Espriella, como un reto a su gobierno y en vez de ordenar el traslado de la fuerza pública para garantizar la seguridad en la ciudad de Santa Marta, ordenó una operación militar contra los máximos jefes de la organización criminal, en el curso de la cual murió su segundo comandante y otros siete de sus integrantes, además al parecer, de un joven campesino inocente según denuncias de sus familiares.

Mientras esto ocurría, Santa Marta era tomada sin oposición alguna por criminales en motos, que amedrentaban con disparos a los comerciantes que se habían negado a cerrar sus establecimientos, al tiempo que otros quemaban varios automotores en distintos puntos de la ciudad.

A pesar del ingreso tardío de un importante contingente de tropas del ejército y de la policía, del patrullaje nocturno del presidente De la Espriella con revólver al cinto, de los varios anuncios de la gobernadora del Departamento, del Alcalde Distrital, del propio gobierno, acerca de la recuperación de la normalidad, la continuidad del cese de actividades por espacio de dos días más, se convirtió en un evidente desmentido. Muy lentamente, el orden se fue restableciendo en los días siguientes y tras el anuncio del grupo criminal de que “se levantaba la orden de paro”.

Investigadores y analistas conocedores del problema de orden público sobre gran parte del territorio Samario, lo mismo que de la Guajira y Zona bananera, han señalado que la solución exclusivamente militar para enfrentar al grupo armado puede resultar equivocada e insuficiente.

Para entenderlo, hay que tener en cuenta que desde hace más de treinta años en Santa Marta y en los territorios vecinos de la Guajira y de Zona bananera, han surgido distintos grupos armados ilegales que han venido reciclándose bajo distintas denominaciones, desde la época del jefe paramilitar Hernán Giraldo (el “señor de la Sierra”) que comandó los llamados “chamizos”, quien desmovilizado adoptó un apelativo más distinguido para su agrupación delictiva, “bloque resistencia Tayrona”. Distintos grupos armados le sucedieron, hasta el más reciente de los “Pachencas”, que hace dos años cambiaron su nombre por “Conquistadores de la Sierra”.

Estos últimos han extendido su influencia a los sectores urbanos de Santa Marta y Riohacha construyendo una “gobernanza invisible” pero que todo el mundo conoce, caracterizada por la edificación de un orden que somete a sus poblaciones al cobro sistemático de extorsiones  que afecta desde el vendedor callejero y el humilde pescador hasta hoteles, “boutiques,” restaurantes, comercios y establecimientos de cadena; controlan la actividad del microcrédito del “gota a gota” y ejercen una pretendida justicia con capacidad de imponer castigos a  pequeños delincuentes hasta ejercer una repudiable limpieza social.

En los barrios populares de Santa Marta y Riohacha se cumple el reclutamiento de jóvenes para la organización bajo las ya conocidas condiciones de pobreza, mínimas oportunidades académicas y paro laboral. Por el control permanente que detentan sobre las poblaciones, su poder resulta mucho mayor que el que representan sus 800 o 1.000 integrantes.

De acuerdo con este panorama que hemos tomado parcialmente de los análisis presentados por la investigadora Norma Vera Salazar,- sin duda una de las personas que mejor conoce el problema de la criminalidad en la región- en el “podcast” que dirige la periodista Claudia Palacios, señaló que es evidente que dado el profundo enraizamiento durante años de este grupo criminal sobre los habitantes de Santa Marta, la Guajira y en Zona bananera, la pura acción militar en contra de este resultaría insuficiente si no se le acompaña de una política amplia y eficaz que lleve a estas regiones educación de calidad, empleo decente,  crédito semilla accesible, etc.,  la solución definitiva del problema del agua potable que obliga, sobre todo a los sectores populares a obtener el suministro del líquido a través de carrotanques afectando su economía doméstica, aunado todo esto a un proceso de sometimiento eficaz.

Desde luego, además, resulta imprescindible una campaña de inteligencia y cooperación judicial encaminada a erradicar de manera definitiva la extorsión que durante tanto tiempo ha afectado a su poblaciones.

¿Entenderá este gobierno, casado con un proyecto exclusivamente militarista para restablecer el orden público, que las acciones de la fuerza pública sólo serán efectivas a largo plazo si se les incorpora un necesario componente de política social? Así lo entendió el general Álvaro Valencia Tovar, el padre de lo que se llamó “la acción integral” del Estado. Para él la acción social y el bienestar de las comunidades eran inseparables del esfuerzo militar. Sin “la acción social no puede haber victoria sobre la guerrilla” concluía uno de los más lúcidos oficiales de la historia militar del país.