“Seguridad” a cambio de libertad

“La gente que elige la seguridad por encima

de la libertad no se merece ninguna de las dos” 

(Benjamin Franklin)

Esta frase ha dado mucho de qué hablar; ha sido tergiversada, acomodada o malinterpretada. Fundamentalmente, en el presente se ha convertido en un axioma relegado al pasado.

Un principio pilar de la democracia de los E.U. como eje democrático fue la protección de los derechos de las personas mediante la adopción de la Carta de Derechos de 1791 (Bill of Rights), integrada por las diez primeras enmiendas de la Constitución de ese país. Surgió con el propósito de establecer garantías concretas que limitaran los poderes del gobierno federal, protegiendo las libertades civiles para que el Estado no pudiese ir en contra de los ciudadanos. Se consagraron libertades fundamentales como la libertad de religión, de expresión, de prensa, de reunión pacífica y el derecho a presentar peticiones al gobierno.

Por otra parte, no fue sino hasta 1948, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, que la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos a nivel global. Es decir, que aplica para todas las naciones, sean o no miembros de la ONU. Con base en estos derechos se han suscrito tratados internacionales que luego se incorporan a las constituciones de los Estados. La declaración universal de estos derechos, por otra parte, también vincula a Israel como miembro de pleno derecho de la ONU desde 1949, el cual también debe observar esta declaración.

Recordemos el artículo 3 de la Declaración, que consagra: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

El recuento de esta legislación histórica se hace necesario para tener en cuenta que los dos Estados, E.U. e Israel, han sido los más beligerantes y los que han causado algunos de los mayores conflictos y masacres de la historia después de la Segunda Guerra Mundial, vulnerando estos principios —el tema de los conflictos en Europa del Este es materia de otro análisis—. Estados Unidos, por su parte, ha sido el país por excelencia más excepcionalista de todos los miembros de Naciones Unidas, seguido muy de cerca por el gobierno de Israel dirigido por Netanyahu, priorizando sin duda el tema de la “seguridad”, que para estos es indiscutible.

Para explicar este punto de análisis, si bien es cierto que la formulación de estos dos derechos —libertad y seguridad— implica que ambos son fundamentales y deben tutelarse por igual, el binomio libertad-seguridad generalmente plantea una disyuntiva sobre cuál derecho prevalece sobre el otro, planteando la necesidad de sacrificar parcialmente alguno de los dos.

“Seguridad con menos libertad o libertad con menos seguridad”. La conciliación de estos dos derechos se ha convertido en uno de los principales desafíos para las sociedades democráticas actuales. ¿Dónde se encuentra el equilibrio entre seguridad y libertad?

En un mundo convulso como en el que vivimos, atacar al terrorismo implica expedir leyes extraordinarias orientadas a la vigilancia estatal, de cuyo efecto surge la restricción de algunos derechos, la vinculación de cuerpos de seguridad, una justicia con más poderes y mecanismos tecnológicos de vigilancia, desplazando de alguna forma la otra parte del binomio, que es la libertad. Sin embargo, debemos preguntarnos dónde se rompe totalmente este equilibrio.

El equilibrio está definido, sin lugar a dudas. Hoy podemos constatar, mediante la información que llega en directo a todos los ciudadanos del mundo, cómo el gobierno de Donald Trump ha lanzado por la borda, sin importar la legislación internacional ni la propia Constitución de ese país, cualquier vestigio de lo que fue la protección de los derechos humanos. El discurso ha cambiado diametralmente, priorizando el tema de la “seguridad” por encima de los derechos de los ciudadanos. ¿Qué diría Benjamin Franklin en su tumba?

El tema profundo del desequilibrio en los Estados Unidos no es solo la actividad cuestionada de ICE, activando mecanismos ampliamente criticados por sectores democráticos, como la utilización de máscaras, armas letales y métodos de violencia contra ciudadanos, protegidos muchas veces bajo el manto de la impunidad. Ante muchos de estos hechos, el resto del mundo también ha guardado un respetable silencio —“mutis por el foro”—, como decían los romanos cuando salían por la puerta de atrás del foro en silencio y sin llamar la atención.

El desequilibrio entre seguridad y libertad va mucho más lejos de aquello que vemos como ciudadanos desprevenidos. Con el desarrollo tecnológico avanzado de la IA, nos enfrentamos a un nuevo esquema de dominación conocido como tecno-fascismo, entendido como una nueva forma de autoritarismo moderno manejado e instalado por grandes corporaciones tecnológicas que utilizan, sin permiso previo de los ciudadanos, la IA, la vigilancia digital y los algoritmos mediante los cuales controlan y vigilan la vida de las personas y el comportamiento social, centralizando el poder bajo el discurso de la “seguridad”, señalando individualmente al objetivo para erradicarlo.

Todo ello bajo la égida ilusoria de protección a los norteamericanos, encaminada a combatir el terrorismo, que amenaza su seguridad, como la llegada de inmigrantes, la población negra o latina y, en general, todo aquel que a su parecer ofrezca riesgo a sus ideologías extremas, llamando a esta población “peligrosa” para la seguridad del Estado.

Lo anterior no hace otra cosa que socavar, destruir y demoler lo que queda de la vida democrática de los estadounidenses.

¿Qué son esas corporaciones entonces? No se trata precisamente de líderes carismáticos que movilizan masas como en el pasado. Es una infraestructura organizativa manejada por CEOs de gran inteligencia en la generación de tecnologías y softwares de altísima sofisticación, que mueve las redes sociales y utiliza de manera eficaz y eficiente los algoritmos, penetrando impunemente dentro de los hogares y dentro de las mentes de los ciudadanos para manipular sus más íntimos deseos, instalando el miedo con el propósito de defender ideologías extremas, volver a creencias absurdas como las de los “elegidos” por Dios para gobernar o saber quién es el “anticristo”.

Teorías con las que convencen sistemáticamente a los ciudadanos de que el principio de “seguridad” está por encima de la voluntad de ser libres y tomar decisiones independientes.

Esta nueva ideología —la del miedo, la de la nueva moral ética impuesta por los sistemas de IA—, creada desde los escritorios de estas corporaciones, posee la capacidad de generar y crear enemigos donde no los hay; de deshumanizar a la sociedad convirtiéndola en meros datos; priorizando el consumo y el excedente económico, con lo cual extienden los tentáculos de su poder de convicción, que fácilmente llega hasta los más altos estamentos de la sociedad y del gobierno, el cual a la postre queda subyugado a su voluntad y termina suscribiendo jugosos contratos con estas corporaciones, con vista a “vigilar” y “proteger” a los ciudadanos.

Y por último abordemos el tema de la seguridad que se vende a Israel, país que se beneficia de estas corporaciones con sus estrategias tecnológicas que, además de su poder de manipulación social, se han convertido en verdaderas armas de guerra.

Claro está que para el gobierno de Israel no es necesario aplicar “excepciones” legales de normas internacionales, dado que es consuetudinario en este mandato que la “seguridad” está por encima de las demás libertades individuales y menos aún de las de sus vecinos palestinos. Israel ha violado sistemáticamente resoluciones y acuerdos internacionales expedidos, como las órdenes de arresto de la CPI contra Netanyahu y funcionarios de su gobierno; las decisiones sobre la ilegalidad de la ocupación y de seguir levantando asentamientos en Cisjordania; las órdenes de cesar la obstrucción de ayuda humanitaria; y algunos vetos de venta de armas, como los promovidos por España y recientemente el Reino Unido. La ONU ha declarado ilegal la ocupación, así como distintos informes de relatores internacionales, entre ellos Francesca Albanese. Todas y cada una de estas disposiciones han sido desconocidas e inaceptadas por Israel. Además, sobra decirlo, Estados Unidos y otros aliados han rechazado rotundamente estas condenas y, por el contrario, han decidido imponer sanciones contra miembros de la CPI.

Sobre el tema del equilibrio entre seguridad y libertad en este país podríamos dar muchos ejemplos más bien del desequilibrio, no con su población exactamente, sino con la de sus vecinos. Debemos entonces recordar los últimos hechos que transgreden todos y cada uno de los más mínimos derechos fundamentales de las personas, como los operativos militares realizados contra flotillas humanitarias y activistas internacionales que buscaban llevar ayuda a Gaza, hechos que dieron la vuelta al mundo en videos y registros difundidos ampliamente.

Israel justificó su actitud asegurando que el bloqueo naval era legal y necesario, que se encuentra dentro de las normas del derecho internacional y de su derecho a la “seguridad”, al mantener un estricto control marítimo encaminado a “frenar el contrabando de armas”, bajo el argumento de que estas misiones humanitarias buscan provocar confrontación mediática para deslegitimar la política israelí.

Por ultimo debemos señalar que en este nuevo modelo de “guerra tecnológica”, el papel de las grandes corporaciones resulta determinante para proteger la “Seguridad” Nacional. Empresas como Microsoft, Google, Amazon y Palantir han sido señaladas en investigaciones periodísticas y reportes internacionales por suministrar servicios de inteligencia artificial, computación en la nube, vigilancia masiva y procesamiento de datos utilizados por el aparato militar israelí durante la guerra en Gaza. Investigaciones de The Guardian, Associated Press y otros medios revelaron que el ejército israelí incrementó considerablemente el uso de plataformas de IA y sistemas de almacenamiento de datos para operaciones militares, vigilancia y selección de objetivos. Incluso, algunas de estas compañías han enfrentado protestas internas de sus propios trabajadores por considerar que sus tecnologías terminan integrándose a la “maquinaria contemporánea de guerra” y control social. (The Guardian).

Ahora podemos afirmar que la sentencia de Benjamín Franklin, perdió el equilibrio  de defender la libertad ante tanta barbarie.

 *Abogada, Magister en Administración pública, . Autora de la obra Mujeres rescatadas del olvido.(Ed SKEPSI,2023) colaboradora de la revista Columna 7, Santa Marta.